CLÁUSULAS SUELO Y CRÉDITOS DE EMPRESAS

Podemos decir que es comúnmente conocido que, en gran parte de los casos, la existencia de cláusulas de interés mínimo en contratos hipotecarios realizados con particulares es considerada práctica abusiva por las entidades bancarias y, derivado de ello, de nula aplicación. Sin embargo, una reciente Sentencia abre la puerta a la posibilidad de impugnar este tipo de prácticas cuando los créditos se han formalizado entre la entidad y una empresa.


Cuando parece que los temas sobre cláusulas suelo ya no forman parte de la novedad jurídica recibimos Sentencias como la emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona (Resolución 280/2015) en la que se da un “giro de tuerca” a una controversia que afecta a gran cantidad de personas, esta vez, jurídicas.

EL CONSUMIDOR Y USUARIO

La figura del consumidor y usuario es definida en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007, de 16 de noviembre), en adelante LGDCU, mediante su artículo 3, definiendo los rasgos generales que configuran la misma, en concreto aquellos que reúnan las siguientes condiciones:

a. Que sean personas físicas (no empresas).

b. Que actúen en la contratación en un ámbito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Se exceptúan las entidades que actúan sin ánimo de lucro y ajeno a su actividad propia.
Es decir, se configura un estatus específico para aquellos ciudadanos que intervienen en la contratación de bienes o servicios, y que se encuentren en una posición jurídica menos privilegiada en relación al empresario, reconociéndoles una serie de derechos así como una serie de obligaciones al empresario o productor, de forma que se equilibre la situación.

Uno de estos derechos es el control de abusividad, es decir, la consideración como nulas y no puestas las denominadas cláusulas abusivas cuya definición (ex art. 82 LGDCU) se refiere a aquella que sea incorporada al contrato sin ser negociada previamente con el consumidor y que causen un evidente desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, determinando una lista de ejemplos numerus apertus, entre las que destacan aquellas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, que limiten los derechos de consumidor y usuario o que determinen la falta de reciprocidad del contrato, entre otras.

En síntesis y en principio; cuando un particular que no dispone de conocimientos financieros o jurídicos contrata un crédito con una entidad bancaria adquiere la condición de consumidor y usuario, por lo que aquellas condiciones contractuales que le puedan producir un desequilibrio perjudicial en sus obligaciones o derechos se entenderán como nulas y. por lo tanto, no puestas.

EL DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA

Sin embargo no todas las cláusulas que comprenden la aplicación de un interés mínimo deben considerarse abusivas por su naturaleza sino que deben cumplir unas características de las cuales deriven el mencionado desequilibrio, es decir, son consideradas lícitas, ahora bien la doctrina a través de la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 estableció la necesidad que dichas cláusulas o condiciones cumpliesen lo que denominó “principio del doble control de transparencia”.

El control de transparencia guarda algunas similitudes con el control de inclusión del artículo 5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante LCGC) siendo su finalidad similar; que el aceptante conozca la extensión y contenido del contrato.

Ahora bien, cuando en el contrato intervienen Consumidores y Usuarios, establece la doctrina que debe imperar adicionalmente al control de inclusión el de transparencia y éste se configura como la comprobación, por un lado, que el aceptante ha podido conocer la carga económica que realmente supone para él celebrar el contrato, es decir, el sacrificio patrimonial que soporta durante la duración del mismo y, por otro, que el redactado y su nomenclatura permita al aceptante conocer que la condición o cláusula define el objeto principal del contrato, y de cómo su significado puede incidir en el desarrollo de éste.

Ambas comprobaciones se refieren, en definitiva, a verificar si la entidad bancaria ha cumplido su deber de información y, de no hacerlo, es cuando nos referimos a la existencia de una cláusula nula, por falta de transparencia.

LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

De lo expuesto anteriormente me interesa, para el tema que nos ocupa, destacar el concepto de control de inclusión pues, si bien no es de aplicación la protección propia de consumidores y usuarios en aquellos casos en que el afectado es una empresa y no un particular, sí que es de aplicación la normativa relativa a Condiciones Generales de la Contratación.

Y es que el mencionado artículo 5 de dicho texto legal establece unos requisitos de obligado cumplimiento para que una cláusula tenga la consideración de incorporada al contrato, destacando que su redacción deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, aspectos que son desarrollados en su el artículo 7, especificando que no se considerarán incorporadas aquellas condiciones generales o cláusulas que:

a. El aceptante no hubiera tenido tiempo de conocer de manera completa en el momento de celebración del contrato o que no hayan sido aceptadas expresamente.
b. Que sean ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles, salvo que hayan sido aceptadas expresamente tras cumplir el ofertante con las obligaciones propias de información y los criterios de transparencia adecuados.

En otras palabras, que el aceptante, aunque sea una sociedad y no ostente por lo tanto la condición de consumidor y usuario, debe conocer el alcance, efectos y posibles resultados que puedan derivar de una condición o cláusula incorporada a un contrato para que ésta tenga validez y no sea declarada nula a posteriori.

En este sentido la Audiencia Provincial de Barcelona determina que las cláusulas analizadas no son transparentes y ello deriva de una serie de rasgos que deben ser tenido en cuenta para casos similares, en concreto:

a. Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. Es decir, de una lectura previa al aceptante le es complicado entender que dicha condición tiene un efecto directo sobre una de las obligaciones principales; el precio que deberá pagar mensualmente.

b. Se insertan de forma conjunta con la cláusula techo y como aparente contraprestación de las mismas, provocando con ello que el aceptante pueda entender prima facie que los efectos de su aplicación quedan compensados con la limitación de interés máximo, que normalmente se corresponde con un interés distópico de alcanzar (generalmente un 19%), creando una falsa apariencia de equilibrio.

c. No existen simulación de escenarios diversos y relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, y es que a ninguna entidad se le pide que disponga de adivinos para conocer la variación del Euribor pero sí que informe al cliente de la posible evolución de los tipos de aplicación, de forma que éste pueda conocer si la aplicación de un interés mínimo es aceptable o no para un determinado negocio jurídico.

d. No se facilita información previa, clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad, en caso de existir, por lo que al cliente se le ha puesto un contrato donde se le ha indicado únicamente; “esto es lo que hay y firme aquí”.

Derivado de todo ello el Tribunal determina que, el no cumplimiento de los criterios exigibles por el control de inclusión, vinculado a las Condiciones Generales de la Contratación, debe resultar en la estimación de la cláusula como nula y, por lo tanto no puesta, independientemente que el contratante sea una empresa o un consumidor y usuario.

EFECTOS Y ALCANCE DE LA NULIDAD

Si bien esta Sentencia supone un importante avance en la lucha contra las prácticas torticeras de muchas entidades bancarias, lo cierto es que podemos entenderlo como una victoria parcial.

Digo esto porque los efectos de la nulidad, recogidos en nuestro Código Civil (art. 1303), se determinan como aquella en que “los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses”, es decir que, teóricamente, la entidad debería retornar el importe cobrado de más y derivado de la aplicación de la cláusula suelo o de interés mínimo.

Sin embargo la Sentencia se subsume a los criterios utilizados por la STS de 9 de mayo de 2013 por la que se limita el alcance y retroactividad de la nulidad a dicha fecha. Y es que, afirma la Sala, las disposiciones legales debe limitarse o ponderarse en función de los principios generales del derecho, entre los que destacan la prohibición de enriquecimiento injusto, la seguridad jurídica, la buena fe o el orden público económico.

No es objeto de la presente entrad analizar los razonamientos y naturaleza de esta, que denominan, línea jurisprudencial consolidada, por lo que nos remitiremos a destacar que aquellas empresas que decidan emprender acciones legales con el objeto de obtener la nulidad de una cláusula suelo deben considerar que la retroactividad será limitada.

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